Metalex, una empresa minera canadiense, ha hallado oro, diamante, uranio y otros minerales preciosos bajo la arena del Sahara Occidental. Parte del hallazgo se ubica en la República Árabe Saharaui Democrática, mientras que la otra parte está en Mauritania. Metalex tiene una concesión para la prospección y la explotación en el territorio que fue concedido por el Gobierno de Marruecos en 2005.
La empresa que explotará estos hallazgos se conforma entre la citada corporación canadiense y la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas de Marruecos (ONHYM), liderando la participación la empresa privada con un 60% de la misma.
Metalex lo anunció mediante un comunicado de prensa en el que anunciaba que tras las prospecciones realizadas, mediante un estudio magnético y radiométrico debían resaltar “el valioso potencial del territorio explorado”. La empresa ha destacado, particularmente, la cantidad de oro y de diamante que se ha estimado en el terreno. Según hemos sabido, Metalex ha puesto en manos de otra corporación los datos que han obtenido para que contrasten los resultados y así proporcionar “una mayor calidad en el mismo”.
Marruecos, que de facto administra el Sahara Occidental, sin que la legalidad lo permita, ha dio hace ya más de un lustro permiso para prospecciones y también para la explotación y su posterior venta a Metalex. Y no sólo eso, sino que como Estado se reservó parte de las ganancias que obtendrá el negocio que se hará con los recursos naturales del terreno en litigio internacional.
El dictamen emitido por Hans Corell, siendo vicepresidente de Naciones Unidas, poco antes de que Marruecos otorgara la citada licencia, decía de forma contundente que: “los contratos que se firman no son en sí mismo ilegales, pero continuar con actividades de exploración y explotación de los recursos naturales sin considerar los intereses y deseos de la población autóctona, se violaría los principios de la legalidad internacional”. Este hecho se está produciendo a la vista de Naciones Unidas sin que, sin embargo, esta organización haga algo por impedirlo. También se está produciendo a la vista de la Unión Europea sin que haga nada por detenerlo. Y no sólo eso, sino que las empresas procedentes de Europa, particularmente de España, se benefician también de otro tipo de recursos, en su mayoría vinculados con la pesca en las costas saharauis.
Para mayor abundancia, según adelantó GuinGuinBali el pasado seis de abril de este mismo año, el actual presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, siendo secretario de Comercio de Estados Unidos firmó un documento en el que, con la legalidad vigente, venía a reconocer que el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Marruecos debía excluir al Sahara Occidental para cumplir con la legalidad internacional.
Este informe, de hecho, ha paralizado la acción de la Unión Europea en cuanto a la renovación de su acuerdo comercial con el país alauita, considerando el documento una referencia a tener en cuenta y que ahora mismo se están saltando.
Además, en 2002, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas consideró ilegal extracción de minerales en territorio saharaui, que sin embargo se ha seguido produciendo durante todos estos años. El 22 de junio de 2010 este periódico publicaba un extenso reportaje sobre las facilidades para comerciar con fosfato extraído ilegalmente del Sahara Occidental. En el mismo, basándonos en datos proporcionados por las propias empresas extractoras revelábamos que en sólo una semana se podía sacar por el Puerto de El Aaiún hasta 150.000 toneladas de fosfato. En aquel momento seguimos la trayectoria del buque Bakú, de bandera turca, hasta la ciudad colombiana de Barranquilla haciendo un trabajo para la empresa Deval Shipping and Trading.
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